La Garantía de Seguridad y Justicia para Todos

No habrá seguridad ni justicia para todos mientras las agencias estatales que deben garantizarlas operen con legislación vetusta e inadecuada para prevenir y perseguir los delitos complejos, juzgar a sus responsables y crear las condiciones necesarias para evitar la reincidencia.
POR ESO PROPONEMOS:
La Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal, para convertirla en una agencia federal de investigaciones profesionalizada y especializada en prevenir e investigar delitos complejos.
La Reforma del Código Procesal Penal de la Nación, para intensificar el sistema acusatorio que dispone la Constitución, crear fiscalías especializadas, con facultades y aptitudes técnicas para perseguir delitos sencillos de complejos, otorgar mayores garantías a las víctimas, hacer los procedimientos más ágiles y eficientes, para arribar muy rápidamente a la instancia oral.
La sanción de un nuevo régimen penal juvenil, para que los menores infractores de la ley penal reciban una sanción, que guarde proporción a su falta de madurez, pero también los mismos derechos que cualquier imputado.
La sanción de una nueva ley del Consejo de la Magistratura que garantice la independencia de los jueces, dejando sin efecto la nefasta reforma kirchnerista.
La reforma integral de la Ley de Armas, que asegure un financiamiento y capacidades institucionales adecuadas al Registro Nacional de Armas, para evitar la proliferación de armas reutilizadas en delitos.
El fortalecimiento del control sobre el Sistema Penitenciario, para eliminar la corrupción de su administración y garantizar a los condenados condiciones de vida que les permitan regenerar su comportamiento y reinsertarse en la vida social.
Sólo con una Policía, un Ministerio Público, un Poder Judicial y un Servicio Penitenciario eficientes, siguiendo una clara política criminal del estado, adaptados a la complejidad que presenta el delito en tiempos modernos, podrá garantizarse a los argentinos que habrá seguridad en las calles y en los hogares, y que la infracción a la ley será sancionada por una justicia independiente, cualquiera sea la condición de la víctima.